Denuncian activistas abandono de comunidades en terrenos nacionales

 

 

Cancún.- Las comunidades rurales, en especial aquellas creadas sobre terrenos nacionales son “invisibles” para autoridades de todas las instancias de gobierno, lo que las deja sin servicios, sin poder regularizar la tenencia de su tierra, y vulnerable a despojos, lo que ha incluso derivado en asesinatos.

Lo anterior fue denunciado por un grupo de activistas, quienes representan a diversas comunidades y que por año han luchado para hacerse oir ante ayuntamientos, Gobierno del Estado y Federación, cono pocos o nulos resultados.

Minerva Reséndiz Cuevas, representante de 37 comunidades de Solidaridad, mencionó que el tortuguismo que siempre prevalecía en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se agravó al grado de que ya es prácticamente como si les “cerraran la puerta”, pues hubo una suspensión en los trámites de dos años, a causa del Tren Maya, ahora seguido de un cambio en sus políticas, para que solo puedan ser contactados por correo electrónico, o de manera individual en sus oficinas, de uno por uno.

En su caso, ella indicó que acudió con un poder para representar a 23 integrantes de una comunidad, pero al llegar a Chetumal le dijeron que solo podía hacer el trámite por una persona, y que solo podían atenderla una o dos veces por mes, lo que significa perder entre uno o dos años para ingresar los trámites de todos.

Otra opción es ir hasta la Ciudad de México, pero nuevamente toca ir de manera individual, algo que excede de las posibilidades económicas de muchos.

La activista denunció que al carecer de títulos, están vulnerables a ser invadidos, lo que a menudo se acompaña de violencia, denuncias falsas, amenazas o hasta la muerte.

En Campesinos Unidos, la unidad en la que ella habita, declaró, ya han fallecido cuatro personas en los últimos cuatro años, en tanto que hay muchos otros que prefieren huir ante las amenazas.

Es de esta manera, comentó, como personas que solían ser dueños de 200 hectáreas, ahora tienen 800 o más hectáreas, pues van expulsando a quienes les incomodan.

En Solidaridad, señaló, hay diversas instancias dedicadas a la atención de indígenas, o de agricultores o personas de escasos recursos, pero al ver que son de terrenos nacionales se niegan a atenderlos. De la misma manera, añadió, existe una prohibición de ser incluidos en catastro, para que así no cuenten con papeles.

Por décadas, señaló, el Inegi tampoco ingresaba a censarlos, algo que cambió apenas el año pasado, pese a lo cual estas 37 comunidades son “invisibles” para el gobierno, sin servicios, caminos, centros de salud o ayuda.

Reséndiz Cuevas indicó que pidieron ayuda al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para crear mesas de negociación, pero la Sedatu jamás les contestó, por lo que esta propuesta naufragó.

“Tienen la tierra, pero no son los dueños. Tienen años solicitando un título, en medio de la pobreza extrema”, se quejó. “Les tasan las tierras en dos millones de pesos por hectárea, cuando es gente que gana 200 pesos al día”.

Berta María Canul Loy, de Santa Cecilia 2, señaló que ella debe recorrer Playa del Carmen en búsqueda de doctores que quieran realizar un servicio gratuito, cuando surge una emergencia, porque la autoridad se niega a hacerlo, ya que son “pueblos fantasmas”.

Quienes habitan en estas comunidades son personas sumidas en la pobreza, comentó, jornaleros que no cuentan con pensión, a veces por pasar una vida en terrenos de gente acaudalada, incluso políticos, quienes se niegan a darles prestaciones.

Muchos han querido sembrar diversos productos, sin éxito por falta de apoyo y conocimiento. Se mofó de que el único apoyo que han recibido son unas bolsas con 20 o 30 semillas, entregadas por algunas instancias para justificar su burocracia.

Lamentó que en las distintas agencias o dependencias supuestamente para apoyo al campo o a los indígenas, la mayoría del recurso se va en sus propios salarios; son “plazas” que se reparten entre familiares o grupos políticos con fines electorales.

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