El enredo de la mafia de los Beristain

en Solidaridad

Con el agua hasta el cuello, los regidores exigen que Laura Beristain Navarrete, presidenta municipal de Solidaridad de una solución definitiva a todos los enredos políticos y jurídicos en que incurrieron para realizar los negocios turbios de más de 270 millones de pesos con el “basuragate”.

En reunión “clandestina” convocada por el asesor de la presidenta, Edgar Ordoñez, asistieron los regidores Gustavo García Utrera y Fabiola Ballesteros, ambos del Partido Acción Nacional (PAN), Orlando Muñoz, del Partido de la Revolución Democrática (PRD); otros asesores como Niza Puerto y Tony Jiménez y sin faltar el síndico Omar Sánchez Cutis (el audio de este encuentro está disponible en la edición digital de este diario).

Reconocen que la presidenta Laura Beristain, aunque no firma, es responsable por omisión, por lo que está en la cuerda floja junto con Alfredo Miguel Paz Cetina, secretario general; René Arturo Bayardo Medrano Ríos Domenzaín, director general de asuntos jurídicos; Manuel Gerardo Ylisaliturri Blanco, ex director de asuntos contenciosos, el asesor Marciano Peñaloza y el síndico Omar Sánchez Cutis.

A veces se acalora el debate y hablan de los favores que han recibido. Y se sinceran que les puede ir muy bien económicamente a todos. Aunque piden prudencia para que no se ventile a los medios. “Unos ponen la mano, para pedir. Yo le dije a la presidenta, dice Sánchez Cutis, si sigue creciendo nos va a llevar la madre a todos. Ya nos pegó, y la gente dice que los regidores para qué puta madre sirven, si ahí están y no hacen nada”.

Como no era una reunión pública, se extendieron reconociendo todo el montaje jurídico-político que se armó para ocultar a todos los regidores el gigantesco fraude cometido con los negocios de la basura. Fue gracias a una determinación de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que determinó que los regidores eran los únicos autorizados para que se permitiera el retorno de la empresa recolectora, Redesol, por lo que se ventiló la sucia trama que se mantenía en secreto para realizar su propia estafa maestra en los tiempos de la cuarta transformación.

Los regidores fueron ninguneados y nadie sabía que desde principios de año se había perdido el juicio y que el TSJ ordenó de manera tajante la reinstalación de la empresa y suspender toda contratación con cualquier otra. El cuerpo colegiado que incluye a la presidenta ni siquiera sabía que se iba a desaparecer el Cabildo por haber caído en desacato.

Y se supone que los regidores, que aunque no tienen facultades de investigación, son los vigilantes de que se apliquen bien los recursos. Pero solamente iban por sus quincenas y les rechazaban cualquier reclamo o solicitud de información desde cualquier dirección, tratándolos como una bola de ineptos a los que solamente se les paga por ser unos levantadedos obedientes. Incluso en esa reunión, realizada con la intención de formar un bloque de impunidad en torno a Laura Beristain, se reconoce que “hay que ser cochinos pero no trompudos”.

Fabiola Ballesteros y Gustavo García sugieren que tienen que para cambiar la percepción de ineptitud, es necesario darle una salida legal a esta deplorable situación política. Pero cuestionan qué cómo se quiere dar transparencia y honestidad a un asunto cuando el auditor Delfino Almorejo era un personaje sin cédula profesional, que fue corrido por mentir, ya que presentó al Cabildo una cédula profesional que no era ni de su carrera, ni de su nombre, ni de su sexo, pertenecía a otra ciudadana del Norte del país. Es decir, el encargado de investigar y fincar responsabilidades es una persona que debería estar en la cárcel. Pero dicen más: trascendió que Beristain lo quiere reinstalar porque el actual encargado de despacho no tiene la residencia suficiente,  pero no confía en nadie más para sacar las castañas del fuego.

Y junto a ello, los equipos de “asesores” y funcionarios, dependientes del triunvirato de la mafia de los Beristain, Laura, Luz María y Juan Carlos, se enfrentan por buscar un culpable de quién ocultó toda esa información a los dóciles regidores y a la ciudadanía en general, porque la burla fue a todo el pueblo de Playa del Carmen. El fraude está a la vista, pero quieren encontrar un chivo expiatorio. Y todos quieren acusar al otro porque la culpa no cae al suelo.

Ahora sucede que nadie sabía, entonces la culpa trata de ser colgada en el cuello del director general de Asuntos Jurídicos, René Arturo Bayardo Medrano Ríos Domenzaín, pero éste muestra oficios y WhatsApp con el verdadero presidente, que es Marciano Peñaloza Agama y con otro de los incondicionales, Manuel Gerardo Ylisaliturri Blanco, entonces director de Asuntos Contenciosos (también sin la obligatoria cédula profesional y tuvo que ser enviado como asesor de Laura Beristain para salvarlo). Le indican incluso que para continuar ocultando todo al Cabildo, Medrano, como representante legal, firme los documentos de respuesta al TSJ, lo que como se sabe termina en un fracaso total y un enredo más.

Hay una persona más que ocultó información a los regidores y tenía copia de todos y cada uno de los documentos desde hace meses, fue el síndico Omar Sánchez Cutis. Pero por obvios intereses económicos no dijo nada, ocultó toda la información para que se pudiera realizar el “basuragate” en lo oscurito. Ahora se quiere lavar las manos como Pilatos, pero él tenía la responsabilidad de informar y ocultó intencionalmente todo, como parte de todo ese complot multimillonario de ese negocio sucio y atractivo que son los desechos sólidos de la población. Incluso le aplican multas, pero ni así habla del asunto a sus pares.

Pero esto no es todo. Se ventiló la discusión entre estos regidores que han pactado con Laura Beristain para salvar el pellejo. Quieren tener mayoría en la próxima sesión de Cabildo. Y tienen otro problema enfrente, tienen que pagar y reinstalar desde enero a Redesol, porque así lo ordenó el TSJ, pero además, en el mayor fraude, ya firmaron otro contrato con la empresa Pasa, a la que también tienen que pagarle ocho millones mensuales. Y todo por robar y mentir para beneficios personales.

Pedro Canché es un periodista independiente y fundador de Pedro Canche Noticias. El ha sido perseguido por el Gobierno Mexicano por darle voz al pueblo indígena Maya y los campesinos del Quintana Roo. Pasó 9 meses en la cárcel en un caso de persecución politico que Reporteros Sin Fronteras llamaban absurdo. "Podrán encerrar el cuerpo humano pero nunca podrán encerrar la libertad de expresión." dijó Pedro Canché.

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