De avanzada, el cierre de la prisión de Islas Marías; 438 serán reubicados y 200 internos alcanzarán la libertad, entre ellos 26 indígenas

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Este día el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para concretar una de las labores más loables en lo que va de su recién iniciada administración: anunció la desaparición del complejo penitenciario Islas Marías, el principal símbolo del siniestro sistema penitenciario nacional.

El 31 por ciento de las personas privadas de su libertad que allí se albergan serán puestas en libertad, en tanto que el 69 por ciento de ellas serán reubicadas en cárceles estatales y federales más cercanas a sus lugares de origen; las instalaciones del complejo serán utilizadas como centro de educación ambiental para jóvenes y niños, anunció el mandatario.

De esa forma, mediante el decreto que se publicará el día de mañana en el Diario Oficial de la Federación, termina su polémica vida útil una de las cárceles más crueles, que por más de cien año utilizó el gobierno federal no solo para encarcelar a los reos más peligrosos del país, sino que segregar a los principales disidentes del sistema político mexicano.

La mejor muestra de que la cárcel federal de las Islas Marías era utilizado todavía hasta el pasado gobierno de Enrique Peña Nieto, para segregar a sus opositores, es la permanencia hasta el día de hoy en esa prisión de 26 indígenas acusados de diversos delitos, cuando lo único que hicieron fue la defensa del territorio y el agua en sus comunidades.

De acuerdo al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), hasta el día de hoy en la prisión federal de las Islas Marías se encuentran recluidas 638 personas, de las que 76 son mujeres y 662 son hombres, todos acusados de delitos federales, en su mayoría narcotráfico, delincuencia organizada, homicidio calificado y secuestro.

El promedio de sentencias de las personas privadas de su libertad que se encuentran actualmente en esta prisión es de 56 años de cárcel, de los que solamente el 31 por ciento –las personas que habrán de ser liberadas- ya han cumplido con el 60 por ciento o más de la sentencia dictada por el juez correspondiente.

Con la decisión del cierre de esta prisión, serán liberadas un total de 200 personas, mientras que otras 438 serán reubicadas en otras cárceles, principalmente federales, por tener dentro de sus procesos señalamientos que los relacionan con células de algunos de los carteles de las drogas que operan en todo el país.

Según los propios datos del OADPRS, de toda la población penitenciaria de las Islas Marías que están consideradas como miembros de algún cartel de las drogas, a 85 se les asocia con el Cartel de Sinaloa, 55 están relacionadas con el Cartel de Tijuana, 27 tienen relación el Cartel de Juárez, a 13 se les acreditó su relación con el Cartel del Golfo y 6 tienen que ver con el cartel de Los Zetas, las que serán reubicadas en cárceles federales.

Las otras 252 personas privadas de su libertad en Las Islas Marías, que en sus procesos penales no aparecen relacionadas a ningún cartel de las drogas, son las que podrían ser reubicadas en cárceles estatales de mediana seguridad, que se encuentren lo más cercano al domicilio de sus familias, tal como lo establece la legislación penitenciaria vigente.

De Prisión a Reservorio Natural

Por lo que hace al nuevo uso que se le dará a las instalaciones y al territorio que viene ocupando la cárcel federal en la Isla Maria Madre, según dijo el presidente, allí se instalará un centro para las artes y la educación ambiental, el que operará a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), bajo el nombre de “Muros de Agua: Jose revueltas”.

De acuerdo a lo expuesto por la titular de la SEMARNAT, Josefa Gonzalez Blanco Ortiz Mena, se optó por este nombre a dicho centro como un reconocimiento al escritor y activista político de la década de los 60’s, José Maximiliano Revueltas Sánchez, que en dos ocasiones tuvo preso en esa cárcel, desde donde escribió el libro “Los Muros de Agua”, narrando las crueldades carcelarias que allí vivió.

El territorio que de la Isla Maria Madre, donde hasta hoy se asienta el complejo penitenciario, se sumará al de las Islas Maria Magdalena y Maria Cleofas –estas dos últimas deshabitadas- para formar parte del Área Natural Protegida de 641 mil 284 hectáreas, que en por lo menos 24 mil 295 de ellas contienen importantes ecosistemas sostenidos en lagunas costeras, esteros, lagos de agua dulce, ríos y otros cuerpos de agua.

Estas tres islas, ubicadas frente a la costa de Nayarit, es un gran reservorio de vida natural, al contener especies de flora y fauna endémicas, como Mangle rojo, Mangle negro, Borreguilla, Cacalosúchil, Papachito, Mezquite, Pitahaya, Tepeguaje, Alcaje, Etcho, Cuajilote, Pitayo marismeño y Mamilaria, así como Iguana negra, Iguana verde, Boa Constrictor, Loro cabeza amarilla de las Islas Marías y Cardenal rojo.

La Crueldad Maquillada

Antes de firmar el decreto para la desaparición de la prisión de Las Islas Marías, el presidente López Obrador reconoció el trato cruel e inhumano que se venía haciendo en esta prisión contra las personas privadas de su libertad en ese lugar; mostró uno de los grilletes de más de 16 kilogramos con lo que se encadenaba a algunos de los presos.

El propio presidente no pudo ilustrar de mejor forma el cambio de visión en cuanto a las prisiones en México, al posar para la foto con el grillete en una mano y el decreto en la otra: “el grillete en la derecha y el decreto en la izquierda”, dijo en una parábola por demás ilustrativa.

Hasta la pasada administración de Enrique Peña Nieto, no se había reconocido la brutalidad de la cárcel de las Islas Marías, al contrario, esta prisión siempre se ofertó como la más benevolente del sistema penitenciario mexicano, ofreciéndola como beneficio a los reos federales de mejor comportamiento.

Así, durante la última década el gobierno federal ofreció traslados voluntarios a internos sentenciados en cárceles federales de todo el país, para “vivir” en el complejo penitenciario de Las Islas Marías, planteando esta propuesta como una alternativa para mejorar sus condiciones de reclusión, cuando en realizada solo se pretendía despresurar el resto de las prisiones.

La oferta de traslado voluntario a los presos federales se hizo con mayor énfasis en las cárceles federales de los estados de México, Puebla, Durango, Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas y Morelos, la mayoría con problemas de sobrepoblación, donde cientos de internos, todos sentenciados por delitos del fuero federal, representaban problemas de gobernabilidad.

Entre otros argumentos planteados para el traslados de internos fue el de contar con la posibilidad de vivir con sus familias dentro de la prisión, además de tener acceso a áreas abiertas y contar con la opción de una actividad ocupacional para su sostenimiento económico, esto sumado al clima tropical de las islas.

“Boletos al Paraíso”

Aun cuando la oferta de traslado se vendió entre los presos de cárceles federales como si se tratara de un boleto al paraíso, luego que el complejo penitenciario federal de Las Islas Marías cuenta con la mayor calificación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), esto nunca fue así, pues también se reconocieron algunas deficiencias en cuanto a la atención médica y condiciones de aislamiento.

El complejo federal penitenciario de Las Islas Marías, está integrado por cuatro prisiones de máxima seguridad: Aserradero, Laguna del Toro, Morelos y Bugambilias, las que en promedio suman una calificación de 8.2 en la escala de 10, sobre las condiciones generales de seguridad personal para el interno, estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social y requerimientos específicos.

La CNDH ha reconocido que en esos cuatro centros penitenciarios federales también existen deficiencia entorno a la protección de la salud de los internos, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, atención a personas adultas mayores, insuficiencia en los programas para la prevención y atención de incidentes violentos.

También se observa que en el Complejo Federal Penitenciario de las Islas Marías existe deficiencia en materiales, equipamiento e higiene de las instalaciones, atención a personas de diversidad sexual, inadecuada separación entre procesados y sentenciados, falta de atención a personas en condiciones de aislamiento y carencia en actividades deportivas.

Aun así, las direcciones de las cárceles de al menos siete estados del país, hicieron la promoción entre la población interna para reubicar sus estancia, las que “sólo se llevarán a cabo con la aceptación de los internos, luego de cumplir con algunos requisitos”, dijo un funcionario del área penitenciaria del Estado de México.

Entre los requisitos que se contemplan dentro de este programa oficial de reubicación de reos federales, se mencionaban tres preceptos básicos: que el interno aceptara voluntariamente su reubicación, que tuviera una sentencia en firme por delitos del fuero federal y que hubiera manifestado un buen comportamiento dentro de la prisión actual.

La promoción de traslado voluntario de internos al complejo penitenciario de Las Islas Marías, nunca fue es un programa oficial, pero se manejó como una opción que la Secretaría de Gobernación, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) también ofreció a los gobiernos estatales para depurar la sobrepoblación de sus prisiones.

Una Cárcel con Deficiencias

Pese a que las cuatro cárceles del complejo federal de las Islas Marías hasta el día de hoy son las que se encuentran mejor clasificadas por la CNDH, no todo va bien dentro de esas prisiones, según refieren familiares de algunos internos que voluntariamente aceptaron el traslado a ese sitio desde el año pasado.

Sólo en el 2016, bajo un programa voluntario de reubicación, sobre el que se volvió a insistir en el 2017 y 2018, por lo menos 159 internos del estado de Durango fueron trasladados a ese complejo penitenciario, igual que se hizo con otros 171 de Nuevo León, 12 de Michoacán y al menos 89 del estado de México.

Pero los traslados se han venido dando en forma constante desde el 2011, cuando el gobierno federal puso en marcha acciones para despresurar las prisiones estatales; desde entonces a la fecha se estima que más de 804 internos de Tamaulipas, Baja California, Oaxaca, Coahuila, Campeche y Guanajuato, también han sido internados en las prisiones del complejo de Las Islas Marías.

Familiares de reos que fueron llevados desde hace tres años de Michoacán a las Islas Marías consideran que las condiciones en las que se encuentran sus internos, no se parecen en nada a las que se ofrecen: “hasta 40 personas viven en un dormitorio” de los que fueron construidos para albergar a 20. “Hacen falta medicamentos y el servicio médico deficiente”, además de que acusan “maltrato y golpes”.

La CNDH, en su más reciente evaluación sobre las cárceles del país, reconoce que en la prisión de Aserradero, hay deficiencias en cuanto a la protección de la salud de los internos, es insuficiente el personal de seguridad y custodia, y falta más atención en las necesidades de personas adultas mayores.

También se ha reconocido que en la cárcel de Laguna del Toro, además de falta de atención a la salud, son insuficientes los programas para la prevención y atención de incidentes violentos, falta mucho en cuanto a las condiciones materiales, equipamiento e higiene de las instalaciones para la comunicación con el exterior, hay insuficiencia de personal de seguridad y custodia, y no hay atención a personas de diversidad sexual.

En la cárcel de Morelos, también de las Islas Marías, no hay una indebida separación de sentenciados y procesados, además de que las instalaciones del penal son insuficientes para para el debido funcionamiento de la prisión. A ello se suma que allí tampoco hay programas para la prevención de incidentes violentos, y las carencias en materia de salud, son evidentes.

Por su parte, en el centro penitenciario Bugambilias se carece hasta el día de hoy de actividades deportivas, hay deficiencias en las condiciones materiales, equipamiento e higiene del área médica, falta personal de vigilancia y no se brinda atención a los internos segregados.

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